La consignación tributaria a la Iglesia o el llamado popularmente “Impuesto Religioso” – Millán Santos

En estas fechas en que se está haciendo la declaración de la Renta, los contribuyentes tendrán que decidir si desean o no que cierta cantidad de sus impuestos al Estado –exactamente el 0,52% de la cuota íntegra de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.)– sean destinados al mantenimiento de la Iglesia Católica.

Del tema en general podemos en principio decir dos cosas

El pueblo no ha tenido suficiente información crítica y las respuestas e interpretaciones que se han dado a la opinión pública son de signo muy distinto y conviene conocerlos y analizarlos.

De una encuesta más o menos científica recientemente realizada se deduce que una de cada dos personas entrevistadas desconoce en qué consiste el nuevo modo de financiación y un 78% no sabe cómo se produce en la actualidad el sostenimiento de la Iglesia española y cuál es la cuantía que la Administración afronta.

Hoy las cosas están así

Los acuerdos firmados en 1979 entre el estado Español y la Iglesia Católica que sustituyeron al Concordato de 1953 establecieron un sistema escalonado de aportación económica del Estado a la Iglesia en tres etapas.

La primera –vigente hasta ahora- en que el estado entrega una cantidad global y única a la Iglesia directamente de los Presupuestos Generales del Estado. En 1988 esta cantidad es de 13.886.485.000 pts.

La segunda etapa en la que ahora entramos entiende que los contribuyentes pueden indicar en su declaración de renta si desean que el 0,52% de sus impuestos vaya destinado a la Iglesia Católica o a otros fines “asistenciales, culturales o educativos”.

Si no se indica, ese mismo porcentaje se dedicará a otros fines.

En caso de que lo recaudado por este sistema no llegue a la cantidad que la Iglesia ha venido recibiendo del Estado, éste complementará lo que falte con otra cantidad. Este es el sistema de “Asignación Tributaria”.

La vigencia será en principio de tres años.

Otra tercera etapa en la que la Iglesia recibirá del estado lo recaudado a partir del deseo expreso de los contribuyentes, sin otra aportación.

El debate está servido

Lógicamente estas decisiones tomadas entre la Iglesia y el estado a partir de 1979 –y más al hacer ahora aplicable el llamado “impuesto religioso” ha suscitado constantes debates dentro y fuera de la Iglesia.

¿Es legítimo o no que el estado financie de alguna forma a la Iglesia Católica?

¿Cómo se compagina todo esto con la separación de la Iglesia y el Estado y más aún con la laicidad del Estado y de la sociedad?

¿La fórmula concreta adoptada es buena, respeta los derechos de los ciudadanos o no?

¿Es aceptable todo esto para la Iglesia misma sin que de algún modo se hipoteque al estado que al menos va a hacer los oficios de recaudador?

Estas y otras muchas cuestiones sobre el tema han salido a la palestra aunque yo pienso que en menor intensidad de lo podía esperarse.

Distintas voces al interior de la Iglesia

Básicamente en la Iglesia ante esta problemática se han venido manifestando dos posturas aunque como ocurre siempre unas voces tienen más eco que otras.

Por una parte la de la Conferencia Episcopal –todos y cada uno de los Obispos- y por extensión los organismos diocesanos y las campañas llevadas a cabo por los sacerdotes.

En síntesis esta postura viene a decirnos:

-La Iglesia está sostenida por la fe y la libre adhesión de sus miembros.

-A la Iglesia la deben sostener económicamente en primer lugar los fieles cristianos y en segundo lugar la sociedad entera.

-La contribución del Estado como expresión de la sociedad es legítima entre otras razones por los múltiples servicios sociales que presta la Iglesia a la sociedad.

-La Iglesia sigue manifestando según la letra de los acuerdos de 1979 “su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Esta formula aunque ambigua para no marcar plazos concretos implica la deseable autofinanciación de la Iglesia.

Otras voces… otros planteamientos

Como ocurre con otros problemas que se plantean en la Iglesia y usando el fundamental valor de la libertad de expresión han surgido otras opiniones que analizan de distinta manera el problema de la “asignación tributaria” y que al menos es bueno y respetuoso conocer.

Así entre otras opiniones se han publicado en distintos periódicos y revistas los análisis realizados sobre el tema por un Grupo de Teólogos de la Asociación Juan XXIII, por Cristianos por el Socialismo y por Grupos, comunidades y colectivos cristianos de base que entre otras cosas viene a decir:

-No es lógico ni legítimo que un Estado laico esté financiando a la Iglesia. Esto no es ni coherente para la Iglesia, ni admisible para los ciudadanos.

-El sistema de la “asignación tributaria” es una ocasión perdida de hacer una “renuncia (¿) profética” por parte de la Iglesia a toda mediación secular para la autofinanciación de la Comunidad Cristiana.

-Hay que llegar cuanto antes a la autofinanciación con la sola aportación de los fieles. Una Iglesia que no recibe adecuadas aportaciones de sus fieles o no tiene fieles o no es Iglesia.

-Nos parece que el sistema tributario, intentando ser coherentes con el Jesús del Evangelio ofrece una imagen de una Iglesia más preocupada por asegurarse unos ingresos económicos determinados que por estimular la comunicación cristiana de bienes, la solidaridad con los más pobres y la creación de cauces adecuados para llevar a cabo una gestión transparente y democrática de los recursos.

-Nos gustaría que el dinero de la Iglesia respecto a su procedencia, su administración y su uso fuera públicamente conocido, democráticamente discutido entre los cristianos y distribuido preferentemente entre los necesitados.

Lógicamente con estas acotaciones se ofrecen otras posibles alternativas o modos de hacer las cosas.

Lo que sea sonará

Este es a grandes rasgos descrito el problema del “impuesto religioso” o si se quiere de la “asignación tributaria”; sin duda su importancia hubiera necesitado un reportaje más amplio y detallado pero no era esa mi pretensión.

Ahora a esperar. Los contribuyentes en su declaración de renta tienen la última palabra. Pienso que la expectativa ante los resultados será grande en todo el Estado español. Lo que sea sonará aunque ya las campanas en nuestra sociedad no suelen repicar tanto ni con tanta fuerza como en otras ocasiones.

Millán Santos